¿Qué objetivo tiene ingresar a una persona que padece un trastorno psiquiátrico sin su consentimiento?
Hace unas semanas el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), reclamó al Ministerio de Justicia la eliminación de la legislación española de los procedimientos judiciales de internamiento forzoso por razón de trastorno psíquico, ya que los considera que incompatibles con el derecho humano fundamental a la libertad de las personas con discapacidad. Como explica el CERMI, “la posibilidad de internar sin su consentimiento a una persona por razones de ‘trastorno psíquico’, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, es contraria a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España, por lo que debe ser desterrada de nuestro proceso civil”.
El tratado internacional de la discapacidad, señala que el factor de discapacidad, ya sea esta intelectual, mental o psicosocial, no puede ser el peso para privar a una persona de su libertad, “dado que supone un trato menos favorable derivado de discapacidad, lo que constituye una discriminación prohibida por la Convención”, recuerda el Comité. No en vano, el Tribunal Constitucional ha emitido recientemente una sentencia en la que declara este procedimiento como “inconstitucional” por no estar regulado por una ley con rango de orgánica, cuando afecta al derecho humano fundamental a la libertad.
Las leyes
Los derechos de las personas con enfermedad mental están protegidos en España, aunque no existe una ley específica sobre salud mental o sobre enfermedad mental. Al comienzo de la década de los 80, la comisión interministerial (Sanidad y Justicia) creada por el Gobierno para encauzar la reforma psiquiátrica recomendó que no se iniciase un procedimiento legislativo en esa dirección y señaló que una ley específica podría contribuir a la discriminación de estas enfermedades y de las personas que las padecen, incluso incluyéndose entre los objetivos de la ley la lucha contra el estigma.
¿Qué se logra con el internamiento forzado?
Por desgracia a menudo lo que se hace es esconder una situación que afecta a nivel social pero sobre todo a nivel personal, del enfermo que lo sufre, y también familiar, que a menudo no sabe cómo abordar las diferentes situaciones que se presentan. Una persona con enfermedad mental puede trabajar, mantener una relación de pareja, tener su propia sexualidad, defender sus derechos, ser madre o padre, responsabilizándose de sus decisiones junto al con apoyo, orientación y seguimiento de diferentes personas y profesionales, pero sobre todo tiene todo el derecho a elegir sobre su vida.
¿Qué se puede hacer?
Vivimos tiempos donde los recortes presupuestarios abofetean a los ciudadanos. Hace unos días se aprobaba un presupuesto para el 2014 del el Ministerio de Sanidad de casi un 37% más bajo. Las personas con enfermedad mental serán uno de los colectivos perjudicados por la eliminación de esos programas que ayudan para que la persona pueda regir su propia vida junto a la combinación de un tratamiento psiquiátrico, psicológico, orientación socio laboral, familiar, hospitales de día, centros ocupacionales, etc. El que pueda pagar una residencia privada se quitará aparentemente un “problema” de en medio; falsa solución. ¿Que resulta caro? A la larga lo es mucho más mantener centros cerrados que lo que principalmente realizan es distribuir medicación, o casos cronificados que viven con sus familias con un nivel de alta dependencia. Si se hubiese enfocado con una perspectiva multidisciplinar se podría haber favorecido que la persona fuese independiente. Actualmente se trabaja desde la perspectiva más comunitaria con asociaciones de familiares pero hay una responsabilidad social que las administraciones tendrían que cubrir; a través de los servicios de terapia psicológica, seguimiento, perspectiva laboral, etc.
Recluir o ingresar a las personas que padecen enfermedad mental no ayuda a que esas personas puedan vivir en sociedad, y quizás lo que realmente buscamos es eso, que no vivan en sociedad, que no tengan mis mismos derechos, o que yo no los vea. Este es el mayor error: ceder a la enfermedad mental todo el peso de lo que es la persona; grave ignorancia. Recluyéndolos y apartándolos de la sociedad, sobre todo se inhibe la capacidad que tiene la persona que padece una enfermedad mental de aportar a la sociedad, y por lo tanto todos perdemos.
Alejandra Luengo
