Hace diez días salía una noticia en El País que denunciaba lo siguiente: “La cifra de menores en situación de riesgo de exclusión o maltrato atendidos por el Ayuntamiento de Madrid se ha disparado un 24% en dos años. Sin embargo, y pese a que eso es indicativo de que pueden ser muchos más los que necesiten de apoyo, los servicios sociales municipales se han recortado en presupuesto y personal.”
Los centros que se encargan de dar estos servicios son los Centros de Atención a la Infancia que son financiados por el Ayuntamiento de Madrid y que en 2011, atendieron a 5.910 familias y 10.893 menores, en 2012, a 6.915 familias y 12.879 menores y en 2013, a 7.241 familias y 13.474 menores. Es decir, en dos años se incrementó la cifra de menores un 24%, y sin embargo este año 2014 han recortado un 10% de su presupuesto.
¿Por qué me parece importante escribir un post sobre este hecho? Podría parecer que lo que me mueve en un principio es que trabajo ahí. Por supuesto que eso no lo dejo de lado, también podría ser porque a mi alrededor y junto a mí, trabaja un “equipazo” de trabajadoras sociales, educadoras y psicólogas que van a ver peligrar su puesto de trabajo, y que han visto recortado su sueldo o el tiempo de trabajo.
Pero lo que más preocupa es que las familias y los menores que están en una situación de vulnerabilidad no vayan a ser atendidos cómo se requeriría, y eso es una irresponsabilidad y también una temeridad.
Por poner algunos ejemplos de las familias que son atendidas en los Centro de Atención a la Infancia podemos destacar los siguientes: familias muy jóvenes con pocas capacidades de cuidar a sus hijos/as, negligencia y abandono en los cuidados cotidianos y emocionales, maltrato; violencia física, psicológica, adicciones por parte de los progenitores, abandono, relaciones de pareja muy conflictivas con existencia de violencia, conflicto postdivorcio muy enraizado, transmisiones intergeneracional de violencia, abuso, abandono, conductas de riesgo de los menores; consumo de sustancias, conductas muy sexualizadas, absentismo escolar, etc o menores que han residido o residen en centros de protección por incapacidad de los padres de hacerse cargo de sus necesidades.
De hecho ayer salía una noticia de Save the Children en el periódico que destacaba que en España hay 8.362.305 niños y niñas. De ellos, 2.500.329 (casi el 30%) viven bajo el umbral de la pobreza y 2.826.549 viven en riesgo de pobreza o exclusión social (el 33,8%). La cifra de niños en riesgo de pobreza se eleva hasta el 45,6% entre las familias monoparentales, al 49,2% cuando al menos uno de los padres es de origen extranjero y al 57,6% cuando los padres no alcanzaron la educación secundaria.
En tiempos de crisis social y económica cualquier problemática familiar se dispara; en aquellas familias, como las que se señalaba anteriormente, cuya base es muy vulnerable las problemáticas se acentúan; el desempleo, la precariedad económica, el pluriempleo mal pagado, mayor tiempo en que los niños y niñas lo pasan solos, mayor probabilidad de vulnerabilidad psicológica, estrés, ansiedad, etc,
Esas familias no pueden asumir pagar una psicoterapia privada así que ni se lo plantean y siguen adelante; a veces medicados, otras no, pero a menudo sostenidos por un fino hilo que en cualquier momento se rompe, y cuyas consecuencias son dramáticas y graves.
En los Centros de Atención a la Infancia se realizan valoraciones de la situación de riesgo y de desprotección de los menores. En el caso de que no haya una gravedad que requiera una medida de urgencia, como que el menor ingrese en un centro de protección, se comienza a intervenir con la familia a nivel de atención psicológica, social y educativa. Son intervenciones que se hacen quincenalmente y que frecuentemente dan un giro a la situación familiar facilitando que las relaciones mejoren, que sean reconocidas las necesidades de todos los miembros de una familia, y que los menores sean mejor protegidos y cuidados por parte de su familia. Esto repercute familiar, social, pero también económicamente ya que por ejemplo el gasto de los menores que pasan a ser tutelados por la Comunidad de Madrid es considerable, la asistencia de la policía, de los juzgados, salud mental, etc, implica también un coste significativo.
A menudo nos vemos muy lejos de ciertas situaciones y problemáticas sociales, y sin embargo están a nuestro lado y nos tocan. Si no se favorece realizar un trabajo integral y continuado con estas familias habrá situaciones que no se puedan frenar y estallarán; delincuencia, violencia, adicciones, conductas sexuales de riesgo, conflictos cronificados entre una pareja donde se ha dado una ruptura, menores sin adultos que les sostengan, embarazos no deseados, niños desde pequeños medicados, familias donde se repite de generación en generación un patrón de vínculo lleno de carencias y de déficits que acaba influyendo en la sociedad, etc.,Que luego no lo tapen costeando seguridad y medicación, si antes no lo han hecho en abordar tempranamente problemáticas con una intervención integral y cuyos resultados revierten positivamente, en un principio en los niños, también en sus familias,y por supuesto en la sociedad.
Alejandra Luengo
