Según una noticia publicada hoy mismo en la revista de psicología INFOCOP
“La sociedad en su totalidad es responsable de proteger a los niños y luchar contra la violencia en la infancia”. Así lo afirma el Informe titulado Protecting children from violence: next steps for effective strategies (Proteger a los niños de la violencia: próximos pasos para estrategias eficaces), un documento donde se recogen las conclusiones de la Conferencia Wilton Park (Foro internacional para la discusión estratégica), coorganizada en noviembre del pasado año por el Consejo de Europa. Dicha organización internacional de ámbito regional tiene como objetivo promover, mediante la cooperación de los Estados de Europa, la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentado sobre los valores de la democracia y los Derechos Humanos; en base a este propósito, ha llevado a cabo diferentes estrategias sobre los derechos del niño, actuando como impulsora en la implementación de las recomendaciones del Estudio de la Secretaría General de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños y emprendiendo campañas e iniciativas de sensibilización. | |||
Concretamente, su Estrategia para los Derechos del Niño 2016-2021, lanzada en abril de 2016, orienta a sus Estados miembros durante los próximos seis años en cinco áreas prioritarias, una de las cuales es la necesidad de promover una vida libre de violencia hacia los niños; asimismo, la Estrategia subraya que, de acuerdo con los datos del Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, el objetivo 16.2 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible posterior a 2015, exige la eliminación de todas las formas de violencia contra los niños para el año 2030. En relación con lo anteriormente expuesto, la Conferencia Wilton Park permitió a las principales partes interesadas a nivel local, regional, nacional e internacional:
El Informe resultante de la Conferencia alberga las principales cuestiones abordadas durante la misma, que giraron en torno a los siguientes temas: el castigo corporal, la violencia sexual contra los niños, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y el matrimonio infantil, el entorno digital, la radicalización y el extremismo violento. Las propuestas que adjunta el documento en aras de mejorar la formulación de políticas, incluyen formas de incrementar la participación de los jóvenes, acrecentar el uso de datos e integrar las evaluaciones de riesgos, así como los medios a través de los cuales se podría lograr un seguimiento más eficaz. Los puntos clave surgidos tras un intenso debate fueron los siguientes: la mejora o fortalecimiento de las leyes nacionales, la importancia de mantener la prevención de la violencia contra los niños en la parte superior de la agenda política (garantizando, de forma paralela, una financiación suficiente), la existencia de oportunidades y la necesidad de rendición de cuentas en la prestación de servicios, la clarificación del papel del sector privado en ausencia de la participación del Estado, asegurar que las voces de los niños sean escuchadas y atendidas apropiadamente de acuerdo con sus necesidades, abordar la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet y los medios de comunicación, una mayor responsabilidad y una supervisión más eficaz en el contexto en que se ha producido la violencia contra los niños, etc. Asimismo, se puso de relieve el papel clave de la prestación de servicios eficaces y eficientes en la erradicación de la violencia en la infancia. Estos servicios deben estar centrados en el niño y ser accesibles, identificando y cubriendo adecuadamente las necesidades, y monitoreando y evaluando todo el proceso a través de mecanismos relevantes. En este punto, se resaltó también la trascendencia de desarrollar normas mínimas y requisitos para trabajar con los niños, entre ellos, la formación específica de los profesionales en materia de violencia contra la infancia. Sin embargo, el Informe lamenta que, a pesar de los numerosos desafíos y riesgos identificados, la importancia que se concede a otros problemas sociales por encima de éste, hace que la violencia contra los niños no se integre en la conciencia pública y política; por ello, apela a la voluntad política, no sólo para ratificar las Convenciones, sino para asegurar que haya fondos suficientes para cimentar una implementación significativa. En línea con lo anterior, el documento manifiesta que para lograr un cambio es esencial la acción emprendida por la sociedad: desde legisladores políticos y personalidades conocidas, hasta organizaciones y personas voluntarias, que estén dispuestos a comprometerse y aumentar la visibilidad de este grave problema. En última instancia, recuerda, “la acción debe involucrar a familias y cuidadores”. |